domingo, 24 de abril de 2016

Particularidades del régimen fascista: ver libro "Chile recordando el futuro"

              Jaime Yanes Guzmán
              (La bibliografía se encuentra en el libro)

           Particularidades del régimen fascista 
En defensa de sus intereses amenazados por la política del gobierno de Salvador Allende, el imperialismo y la reacción local chilena realizaron el golpe de Estado que puso fin a la experiencia de la Unidad Popular e imponen la dictadura cívico-militar fascista.
Para analizar el carácter de esta dictadura, es necesario ante todo recordar la clásica caracterización de Jorge Dimitrov sobre el fascismo como “… dictadura terrorista descarada de los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital financiero”. (1)
De hecho, esta afirmación tiene plena actualidad y coincidencia con nuestra realidad latinoamericana[1], pero además podemos agregar que el desarrollo del fascismo presenta algunas particularidades. En primer lugar, la dictadura militar que usurpó el poder no estaba en condiciones de asegurar una amplia base social que apoyara la política de su gobierno. En el primer momento el golpe provoca la simpatía en toda la burguesía, la pequeña burguesía e inclusive en una capa significativa de las capas medias. No obstante, cuando este Estado muestra su real esencia de clases como un Estado del capital financiero y la política responde sólo a sus intereses, parte de las clases y capas sociales que le apoyaron pasas a la oposición del régimen.
La llegada al poder del capital financiero cambió las características del Estado, lo que ratifica nuevamente la tesis de Dimitrov que “… la subida del fascismo al poder no es un simple cambio de un gobierno burgués por otro, sino la sustitución de una forma estatal de la dominación de clase de la burguesía -la democracia burguesa- por otra, por la dictadura terrorista abierta”. (2)
En segundo lugar, esta situación impide al fascismo crear partidos políticos propios que apoyen su poder. La ausencia de un partido fascista y de un apoyo de masas obligó al fascismo chileno a sostenerse principalmente en las fuerzas armadas y policiales, y así gobernar hasta hoy día.[2]
      En tercer lugar, en la esfera ideológica la dictadura se basó en el anticomunismo, en el nacionalismo y en la “Doctrina de la Seguridad Nacional”. La concepción que domina es la afirmación que la patria está en peligro, que la amenaza el “exterminio marxista”. Los partidarios de esta concepción afirman, que Chile puede ser agredido por potencias extranjeras -la Unión Soviética y los países socialistas- o también por fuerzas internas -los partidos chilenos marxistas- que amenazan su estabilidad y existencia. El Estado chileno para defenderse sostiene que hay que eliminar estas fuerzas; y las únicas capaces de hacerlo son las fuerzas armadas y policiales.
En cuarto lugar, el golpe militar de Pinochet fue la respuesta que dieron los círculos más reaccionarios de la burguesía local chilena a la revolución iniciada por la Unidad Popular y la clase obrera. Para conservar el capitalismo en el país eran insuficientes los medios democráticos burgueses. Por ello era necesaria otra forma de Estado, una dictadura terrorista abierta del capital financiero.
            El fascismo triunfa en Chile en un momento determinado del desarrollo económico del país, más exactamente en el momento de transición al capitalismo monopólico dependiente y de un desarrollo activo de las estructuras monopólicas de Estado, las cuales tuvieron su inicio en la época del gobierno del democratacristiano Eduardo Frei. Las transformaciones revolucionarias del gobierno de Allende interrumpen este proceso y amenazan seriamente el poder mismo de la burguesía, lo cual lleva a una agudización sin precedentes de las contradicciones de clases. Para proseguir nuevamente el camino del desarrollo y fortalecimiento del capital monopólico, la burguesía tiene necesidad de estabilizar la situación política en el país y temporalmente lo alcanza a través del golpe militar fascista.
            Por último, no fue sólo la reacción local la que llevó la dictadura al poder. El fascismo también fue respuesta del imperialismo, cuando vio que sus posiciones en Chile eran seriamente amenazadas. El Gobierno de la Unidad Popular fue liquidando la presencia imperialista en las ramas más importantes de la economía del país como en las riquezas naturales, en la industria y en el sistema financiero. En los años anteriores a la llegada de la Unidad Popular al poder, la penetración del imperialismo aumenta en estas esferas en grado importante pero el gobierno las nacionaliza. Por eso podemos afirmar que el establecimiento del régimen fascista es la obra ante todo de las corporaciones transnacionales, especialmente estadounidense. Y eso es así no sólo en el sentido de que es una reacción a los golpes dados por el pueblo contra sus intereses, sino porque las transnacionales son las únicas que pueden desarrollar el capital monopólico en el país. La burguesía local sola no es capaz ni de lograrlo ni de jugar ningún rol decisivo en ese proceso. Refiriéndose a este problema Schafik Handal afirma que el paso hacia el capitalismo monopolista en América Latina es ante todo una tendencia que viene de los monopolios internacionales. Agrega, además, que el establecimiento del fascismo como forma de Estado para asegurar el paso hacia el capitalismo monopólico dependiente es obra de los monopolios internacionales ligados con el complejo industrial militar de los EEUU. (3)
            Y así, el fascismo en Chile es producto ante todo de la intromisión directa de los monopolios imperialistas en la vida política del país, al transformarse esos monopolios cada vez más en un factor interno más que externo de la política nacional. Las transnacionales junto con la oligarquía financiera local crearon las condiciones y dieron el apoyo necesario para el surgimiento, desarrollo y fortalecimiento del poder de la dictadura militar fascista de Pinochet. Con lo anterior, el fascismo chileno recibía la particularidad de un fascismo dependiente, condicionado por el carácter dependiente del desarrollo capitalista del país.
            Todo lo dicho hasta aquí nos permite llegar a la conclusión que el fascismo chileno responde a las características que Rodney Arismendi da a los regímenes fascistas de América Latina, a los cuales define como “…la dictadura descarada del capital financiero -enlazado a los sectores más regresivos de las viejas clases dominantes- promovida y sostenida por el imperialismo de EEUU, en particular por sus círculos más belicosos y recalcitrantes, encabezados por el Pentágono. El principal instrumento de esta dictadura son hoy las Fuerzas Armadas”. (4)
            Es el propio Pinochet, en declaraciones a la prensa, el que confirma lo señalado más arriba, cuando refiriéndose al carácter de su gobierno sostuvo que entendía su misión “… como apuntada a la creación de un nuevo régimen duradero y estable, por lo cual los actores y las reglas del juego que rigieron hasta el 10 de septiembre (de 1973, nota del autor) deben entenderse como superadas por los acontecimientos históricos”. (5)
            En efecto, la implementación del proyecto económico-social del fascismo exigía, en la esfera política, la destrucción del Estado burgués-democrático que en Chile existía desde comienzos de siglo. Fue cerrado el Congreso Nacional, y con ello se terminó con la democracia representativa, los derechos y las libertades de los individuos, los partidos políticos y el sistema parlamentario.  Las FFAA iniciaron inmediatamente la ocupación de todo el aparato estatal, y sus altos mandos fueron instalados en los diversos niveles de la administración pública. Los Tribunales Militares de tiempos de guerra predominaron sobre los civiles y se implantó una nueva “división de poderes” entre Pinochet (Presidente de la República, Poder Ejecutivo) y la Junta Militar (Poder Legislativo).
En la esfera económica, el régimen fascista basa su política en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es la reprivatización de la economía del país. El sistema financiero y productivo cayó nuevamente bajo el control de un número pequeño de grupos privados, menoscabando la destacada participación que en el pasado tenía en estas áreas el Estado.   
            El segundo rasgo esencial del modelo es su nueva forma de inserción en el sistema capitalista internacional. El propósito estratégico de los grupos económicos dominantes era estrechar relaciones con los bancos y empresas transnacionales, estableciendo así intereses conjuntos. Económicamente, la pieza principal de engarce con el capital extranjero sería el aparato financiero local, el cual se convertiría en el representante directo del sistema financiero transnacional y en el motor de la monopolización de la economía del país. 
            Y el tercer aspecto de la política del fascismo es la primacía del mercado como norma de funcionamiento de la economía. Con la fórmula libertad de mercado y su correlato financiero -el mercado de capitales- se facilitó el traspaso de propiedad desde el Estado hacia los particulares y la formación de los grandes grupos económicos, sin plantearlo explícitamente como objetivo fundamental.
            En lo ideológico, para desarrollar su proyecto de hegemonía en el país, el capital financiero necesitaba terminar con todo el pensamiento del progreso social democrático conquistado por el pueblo durante largas y duras jornadas de lucha.         Con este objetico se lleva a cabo una política ideológica que tergiversa la historia patria, ocultando el hecho que ha sido nuestro pueblo el autor de sus páginas más memorables, tachando de “politiquería” todo el proceso de avance democrático chileno, calumniando y desprestigiando los principales logros del pueblo en particular el Gobierno de Salvador Allende. 
            Ligado estrechamente al conjunto de la política del fascismo y como una de sus condiciones de éxito, la dictadura despliega al máximo el carácter represivo y criminal del actual Estado autoritario chileno, transformando la actividad terrorista abierta sin control ni limitaciones en una situación normal de cada día; fortaleciendo para ellos los aparatos represivos e institucionalizando el asesinato dentro y fuera de las fronteras del país.
            No obstante, para cumplir estos objetivos, el régimen necesitaba legitimar la autoridad que se imponía por la fuerza. El mismo 12 de septiembre de 1973 se dictó el Bando Nº 5 en que se justificaba el derrocamiento del gobierno constitucional. Así la dictadura militar pretendía transformar su imagen de un gobierno de fuerza o de facto en un gobierno de derecho. En marzo de 1974 la Junta Militar entregó al país -y fundamentalmente al Poder Judicial- su Declaración de Principios, que no es otra cosa que una acabada justificación de la toma del poder y de su actuar en el ejercicio de la potestad legislativa. Entre 1973 y 1980 se dictaron alrededor de 3700 Decretos Leyes, que además de permitir la transformación del Estado, le da el marco jurídico en que se “debe” enmarcar el Poder Judicial, especialmente en lo que dice relación con las garantías individuales.
            En Marzo de 1980 entró en vigencia la nueva Constitución, terminando con cualquier vestigio de “duda” que pudiera surgir sobre si aún continuaban vigentes normas de la Constitución de 1925 por sobre las normas que sin rango constitucional venían a modificarla. Con la Constitución de 1980, el gobierno se “revistió” de legalidad y determinó que en el país se encuentra vigente el “Estado de Derecho” y que el Poder Judicial actúa dentro de los marcos de la “ley”.
            Pero este gobierno “legal” seguía necesitando de unas FFAA -instrumento decisivo en el ejercicio del poder- afines al régimen que encabezaba Pinochet. Para ello expulsó de sus filas a los dudosos de incondicionalidad. De los 24 generales que participaron en el golpe de Estado de 1973, sólo dos se han mantenido en las filas del Ejército -el propio Pinochet y el general Cesar Benavides-. Los demás fueron llamados a retiro, y dos de ellos murieron en situaciones confusas.
            Al mismo tiempo Pinochet asegura la instrucción de sus cuadros de mando en el espíritu de la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional” en las escuelas correspondientes de los EEUU, formando entre los años 1973-1978 a 391 oficiales, totalizando 6.883 oficiales preparados en dichos institutos yanquis. Aumentó la dotación de las FFAA alrededor de ciento quince mil -la cifra más alta de Latinoamérica en relación a la población- dándole una proporción de 105 soldados por cada 10.000 habitantes en 1983 contra 58/10.000 de Argentina, 45/10.000 de Bolivia y 85/10.000 de Perú para el mismo año.  Sin embargo hay que tener presente que las verdaderas cifras son siempre mantenidas en secreto. Se supone que hoy día el régimen fascista dispone de doscientos mil soldados en condiciones de combatir. La mantención de esta inmensas FFAA cuesta al país alrededor de 1.500 millones de dólares al año, que representan más o menos un 14% del gasto fiscal. (6)
            Con todo lo analizado hasta aquí es posible demostrar que fue destruida la forma de Estado democrático-burguesa existente en el país, instalándose en su lugar la dictadura cívico-militar terrorista del capital financiero. La economía del país fue desnacionalizada, aumentando su grado de monopolización y dependencia del capital transnacional, transformándose éste y la oligarquía financiera local en las fuerzas hegemónicas de la vida de la Nación. Como condición de lo señalado anteriormente, fue institucionalizado el terror masivo contra el pueblo y reforzado a niveles nunca antes visto el aparato armado del Estado, todo ello con el objeto de asegurar la estadía en el poder del fascismo dependiente chileno.


Bulgaria, diciembre de 1984



[1] Todo el libro se refiera a la época comprendida entre 1983 y 1985
[2] Idem

sábado, 23 de abril de 2016

Libro "Chile, recordando el futuro"

Autor Jaime Yanes Guzmán
Prólogo Dr. Hector Vega

 PRÓLOGO

El libro de Jaime Yanes Guzmán, Chile: recordando el futuro, es una crónica que abarca tres años de la dictadura, 1983-1985. Su título indica la intención del autor cual es la de recoger el recorrido de los muy diversos actores de la lucha por la democracia, donde antiguos adversarios políticos de la centro izquierda se dieron a la búsqueda de un terreno común junto a los movimientos sociales de la época, que en ausencia de sindicatos intervenidos o diezmados por la dictadura, surgen junto a miembros de la Iglesia Católica; proceso que en años posteriores al relato concluirán en el plebiscito que pondrá término a la dictadura en octubre de 1988. Pese a que esta fecha sobrepasa la crónica no es menos cierto que la lucha y el pensamiento crítico acumulado en esos tres años obligan a pensar en muchos avances y práctica social frustrados en el llamado tránsito a la democracia. Transito administrado por el duopolio, Concertación-Alianza, en su designio de continuar el modelo económico de Pinochet.

A mi juicio la clave del período analizado tiene dos elementos, que sumados a la violencia extrema de la dictadura, explican las dificultades de los actores contrarios a ésta para lograr un acuerdo y enfrentar, en medio de las mayores inconsecuencias, el período pos dictadura. Dificultades que surgen de la dramática situación vivida por el movimiento de los trabajadores en dictadura y prácticamente neutralizado en los gobiernos de la Concertación.

El primer elemento se sitúa en los treinta años anteriores a la Unidad Popular (1940-1970), donde se instala un período de negociación del status quo social entre sectores de altos ingresos y una clase media alta y media-media cuyo instrumento maestro, es la de cambios consensuados, mediante políticas populistas destinadas a negociar la paz social pero cuyo objetivo final, en lo fundamental, es que nada cambie. Es la gobernalidad necesaria para echar las bases de un sistema monopólico capitalista cuya presencia se manifiesta en los sectores financiero, industrial y la explotación de los recursos naturales, especialmente el cobre, y cuya alianza con los sectores dominantes es condición esencial para su viabilidad. La crisis social al final del período del presidente demócrata-cristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970), fue de tal magnitud que la candidatura del socialista Salvador Allende, surgió como una alternativa viable de gobierno, apoyada aún por el candidato demócrata cristiano derrotado, Radomiro Tomic, pese a que el programa proclamaba principios socialistas fundamentales alejados de la economía de mercado propugnada por Frei Montalva.

El advenimiento de la Unidad Popular significa el quiebre con ese período. El fin de la negociación social entre actores locales, ligados al proyecto de poder del capital financiero y del capitalismo monopólico, exigía desarticular los enclaves de poder de la época. Vacilaciones inexcusables, en la construcción del Área de Propiedad Social; confusión permanente en la aplicación de la Reforma Agraria, y el proceso de indemnizaciones a las compañías transnacionales del cobre dieron un empuje determinante en los intentos golpistas, cuando a fines de 1971 terminó el crecimiento de la economía explicado por la capacidad instalada de la industria no utilizada durante el período anterior. Cuando la derecha económica y sus aliados extranjeros entendieron que el vuelco en las condiciones en que se desarrollaba el proceso de reproducción económico-social de la economía chilena era irreversible; el camino estaba preparado para la decisión final del golpe militar.
El segundo elemento se desarrolla asimismo en los mil días de la Unidad Popular y en la práctica de los tres pilares fundamentales ya mencionados de la transición hacia el socialismo: nacionalización del cobre, reforma agraria y área de propiedad social. Antes de abordar este segundo elemento conviene situar la argumentación en el contexto del gobierno de Salvador Allende. La nacionalización del cobre aprobada el 11 de julio de 1971 por la unanimidad de los miembros del Congreso Pleno, que incluía parlamentarios de centro y derecha, significó el espaldarazo a una política largamente anunciada por la izquierda chilena. Fue un golpe a las transnacionales mineras y al gobierno norteamericano de Nixon. En sus memorias Kissinger relata en detalle el complot que se tramaba en la Casa Blanca para eliminar al presidente Allende desde los días en que fue proclamado como tal por el Congreso Pleno y del lobby para el golpe realizado en esos días por la derecha económica chilena, entre los cuales destacó el dueño de El Mercurio Agustín Edwards a quien se le otorgó, en retribución a sus servicios conspirativos, el cargo de Vice-presidente de la Coca Cola (White House Years, 1979, pp 653-683).

¿Qué faltaba en el escenario de repercusiones posibles para la realización del golpe?

Para responder a esa pregunta, clave para dilucidar el segundo elemento señalado, es preciso entender la estructura y alineación de la fuerza de trabajo, imperantes en la presidencia de Frei Montalva. Estructura que persistió en los mil días de la Unidad Popular.[1] Situación que en el lenguaje de la época dejaba fuera “a los pobres del campo y la ciudad” (los partidos MAPU y MIR acuñaron dicha expresión). El estudio basado en cifras del Censo Industrial de Chile de la Dirección de Estadísticas y Censos de la época (1970) demuestra para 5 sectores de la economía (industria, agricultura, minería, construcción y comercio) que los trabajadores sindicalizados pertenecientes a grandes y medianas empresas representaban en la época poco más de 392 mil trabajadores –, fracción de trabajadores capaces de negociar desde sus puestos de trabajo, empleando para ello los mecanismos legales puestos a su disposición por la legislación del trabajo. Paralelamente, más de un millón 300 mil trabajadores no tenía forma alguna de negociar en las mismas condiciones. Los primeros, por su posición e importancia en los sectores intervenidos entraban en el Programa de la Unidad Popular; los segundos carecían de dicha cobertura entre los cuales se contaban sectores de pequeñas, micro empresas y talleres artesanales. A éstos se sumaban los subempleados y desempleados disfrazados, unos 600 mil según cifras de Odeplan, más 150 mil en busca de trabajo y 260 mil desempleados. Tomando en cuenta sólo los 600 mil mencionados, la cifra de trabajadores objetivamente no considerados en el Programa llegaba a 1 millón 900 mil trabajadores, lo cual representaba 65% de la fuerza de trabajo de la época. Baste decir, que en el sector industrial 54% de los trabajadores correspondía a sectores de la pequeña industria y el artesanado. En el sector minero se contaban 10 mil pirquineros; 80% de los trabajadores del comercio detallista trabajaban en empresas familiares y su nivel de vida era muy semejante al del proletariado.

De esta manera, 35% de trabajadores, incluidos objetivamente por sus organizaciones y por la ley en el Programa de la Unidad Popular, resultaba un sector social insuficiente políticamente –no por el número, pues era evidente la necesidad de una base social de apoyo que se sumara a las fuerzas organizadas del trabajo– para sostener el ambicioso proyecto de transición al socialismo, en medio de una actividad constante de ataque y sabotaje desarrollado por los golpistas en sectores estratégicos del transporte, la energía, producción de alimentos y su distribución. Situación que terminó asimismo por desarticular no tan sólo los restos de las organizaciones de trabajadores, sino además el contingente de los no integrados al Programa que en los últimos meses de la Unidad Popular fueron los elementos más activos de los Cordones Industriales de la época. Trabajadores urbanos y rurales, pobladores, estudiantes, dueñas de casa…muchas veces al margen de las organizaciones políticas y sindicales, buscaron vías alternativas de expresión y lucha en los Cordones que surgieron como respuesta al proceso de violencia desencadenada por la derecha golpista. Se resume así el segundo elemento clave del período.

En el trabajo de Jaime Yanes se cita, en base a datos obtenidos del “autor en reuniones con dirigentes sindicales a nivel nacional” (Cfr. El carácter de clase de Alianza Democrática, p. 47 y nota 6, p. 48. El autor escribe en julio de 1984), la influencia que dichos dirigentes atribuían a la Alianza en los sectores de los cuales provenían. Con esos antecedentes el autor concluye que “la Alianza Democrática posee influencia mayoritaria entre las capas medias y, significativamente, entre el proletariado del campo y la ciudad”.[2] Al margen de la credibilidad de las cifras entregadas por el autor, los dichos de los dirigentes sindicales entrevistados reflejan la insatisfacción generalizada de la población a 10 años del golpe de estado. En base a esta argumentación, sería plausible y “posible concluir que la Alianza Democrática posee influencia mayoritaria entre las capas medias y, significativamente, entre el proletariado del campo y la ciudad” (Cfr. p. 47). Sin embargo, el problema no está en las cifras ni la definición de la base social de apoyo, sino en el significado político que jugó la Alianza en la oposición a la dictadura. Su actividad fue central en la redacción del Manifiesto Democrático, sin embargo al adherir mayoritariamente a la tesis de Patricio Aylwin, de dejar de lado toda discusión acerca del carácter antidemocrático de la Constitución de 1980, creó anticuerpos que contribuirían a su disolución en 1987. Cuando en plena crisis la dictadura dio algunas señales de apertura, entró en conflicto con el Proyecto de Desarrollo Nacional
 (PRODEN) pues la Alianza Democrática pretendía centralizar las negociaciones con el régimen. El PRODEN entendía que con ello se abría paso a legitimar los enclaves autoritarios y antidemocráticos de la dictadura. Sospecha que se confirma cuando en 1989 la Concertación negocia las reformas constitucionales con la dictadura y que 24 años más tarde, en lo fundamental, aún tienen vigencia.

Al igual que el significado de la organización sindical en el período de la Unidad Popular, sus sucesores en la época de la dictadura, reflejaban los verdaderos intereses en juego en la trama política de la época. En esta ocasión, la Democracia Cristiana buscaba, después de la equivocación fatal de algunos de sus dirigentes por apoyar el golpe, restablecer su influencia en la base social. Finalmente es la gran mayoría de la población, la que se impone como oposición a la dictadura al margen de las querellas intestinas de fuerzas políticas, que por lo demás subsistían bajo el alero de frentes amplios movilizadores de la opinión pública. Un complemento a ello es el retiro progresivo de EEUU al proyecto pinochetista, desde la época de la crisis mundial de 1981-1982, cuando obliga al gobierno de la dictadura a convertirse en aval de las deudas contraídas en el exterior por el sector privado. El autor documenta ampliamente el problema de la deuda y sus repercusiones políticas (Cfr. pp 28-36. Véase en relación a esto mi nota 4, infra). A fines del decenio se trataba de conservar el régimen pinochetista sin Pinochet, mensaje al cual adhiere prontamente la derecha económica chilena que había jugado sus cartas en el golpe. ¿No es este un mensaje que reciben los dirigentes concertacionistas de la época y que será determinante en la política económica y de alianzas de los gobiernos de la Concertación?

El proyecto de los Chicago Boys, documentado en El Ladrillo[3], explica la reacción del capital financiero y monopólico de los sectores dominantes, impuesto por la represión social y las armas de la dictadura a partir de 1974 con su plan de shock, lo cual significó la vuelta de campana al proyecto que se había propuesto la Unidad Popular en la sociedad chilena. Es el contexto en que se desarrolla la proyección de los dos elementos señalados. Por una parte, el quiebre de la negociación del status quo social, elemento central de ruptura con el pasado, paradojalmente facilitó la propuesta económica y social de la dictadura. La clase media, actor aliado de los sectores dominantes de la sociedad chilena, se diluyó en una masa empobrecida –y terrorizada– del período de shock económico recetado por los Chicago boys a la dictadura (1974-1976). Por otra parte –la reducción del proyecto de cambio fundamental de la Unidad Popular, a las organizaciones tradicionales de los trabajadores urbanos y rurales– abrió las compuertas a efectos sociales inconcebibles por la sola fuerza de las armas.

La nueva economía de la dictadura quiebra las bases del modelo “negociador populista” (supra). Basa su funcionamiento en relaciones “libremente” determinadas por la variable monetaria y la función de “neutralidad” del Banco Central. Las privatizaciones del aparato económico del Estado, punto culminante de la apropiación planeada por los sectores del capital monopólico, llevaron a una máxima concentración del capital, a las mayores desigualdades del ingreso y al empobrecimiento de la clase media que desaparece como clase dialogante en la ecuación de poder de la dictadura y más tarde en los gobiernos del Duopolio Concertación-Alianza. El control del capital financiero, incluido el ahorro obligatorio de la masa de trabajadores a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pasaría a constituirse en palanca de estabilidad del sistema capitalista monopólico. Sistema que rige en el presente, sin modificación alguna por los gobiernos de la Concertación y Alianza. Yanes ve en la intervención de las finanzas en la economía real un Estado que “no ha perdido su carácter fascista” (¿argumentación subliminal del autor?) y transformación (el autor la llama “desplazamiento”) de la oligarquía “financiero-especulativa” a oligarquía “financiero-productiva” (Cfr. p. 29). No ve que en el sistema capitalista lo financiero es la palanca de la economía real y parte de un solo proceso, donde las fracciones de la oligarquía se reparten los roles.[4]

En lo social, con el desaparecimiento de uno de los actores de las fórmulas de poder de la política chilena, la clase media, se inicia un período que ya cubre 40 años de la política chilena

Si la falta de integración del conjunto de los trabajadores jugó en contra del proyecto de la Unidad Popular, también jugó en contra del proyecto que en algún momento Gustavo Leigh, Jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta Militar, (creador además del Comando Conjunto) acuñó para sí teniendo en vista el apoyo de los sindicatos de trabajadores a la dictadura militar. Leigh fue uno de los redactores del primer Bando Militar donde se llamó a los trabajadores a no temer por la vigencia de sus derechos. A este intento de fascismo criollo se plegó en sus comienzos el líder gremialista Jaime Guzmán, quien prontamente entendió que el poder no estaba allí sino en Pinochet quien fue proclamado por la Junta Militar como Presidente de la República en diciembre de 1974. Cuatro años más tarde el general Leigh sería destituido por Pinochet.

Yanes centra gran parte de su obra en el carácter fascista del régimen militar. La cita de J. Dimitrov en página 7 del libro abre los fuegos al referirse al fascismo como una dictadura terrorista de los elementos más reaccionarios…del capital financiero, para en la página siguiente precisar, según el mismo Dimitrov, que se trata de “la sustitución de una forma estatal de la dominación de clase de la burguesía (…) por la dictadura terrorista abierta”. Pretender como lo hace el autor que el carácter fascista del régimen subyace en los 17 años de la dictadura me parece un error. Ajustar la realidad a esta caracterización, lleva al autor, entre muchas otras afirmaciones en el texto, a escribir que “el régimen de Pinochet ha mostrado descaradamente el verdadero carácter del Estado fascista: una máquina puesta al servicio del capital financiero local y transnacional” (Cfr. p. 35). Modalidad, por lo demás, que la Concertación mantuvo con la fidelidad del converso, sin que a ello pudiera achacársele la calidad de un Estado fascista. La argumentación ad-hoc de la caracterización de Yanes, aparece cuando exploramos el itinerario de la dictadura. El Estado represor nunca logró constituir un movimiento de masas. Las capas medias que apoyaron el golpe, muchas de militancia demócrata-cristiana, pronto abandonaron su apuesta, al entender que el proyecto de Pinochet no ofrecía garantías a sus militantes de volver a la institucionalidad de la Constitución de 1925, y con ello a Frei Montalva que abrigaba la esperanza de volver al poder por obra del golpe. Más tarde se desembarcaron algunos dirigentes de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y de los transportistas que creyeron que la liquidación de la izquierda partidaria significaba la oportunidad de una nueva dirigencia política civil –, desde luego la suya. La realidad desmintió duramente las aspiraciones de los grupos civiles golpistas. En muy corto plazo se instauró una dictadura policíaco-militar que cumplió a cabalidad los designios de la doctrina de Seguridad Nacional. Si existió entre los golpistas un derrotero fascista muy pronto la vía de Pinochet –aparte de escenarios y golpes mediáticos, entre ellos la ceremonia de Chacarillas– desilusionó sus esperanzas. Pragmáticamente el sector empresarial entendió que debía acoplarse y jugar todas sus cartas a la dictadura –, contó para ello con la represión y la quiebra de las organizaciones de trabajadores –y además, con la presencia de los Chicago boys en su rol cautelador del modelo. En la década de los ‘80, a partir de manifestaciones políticas esporádicas en la calle, se iría formando un contrapoder social o bloque multiclasista en un proceso dinámico de reacción y convergencia frente a la dictadura militar. A partir de 1983, con la masificación de la política y la conciencia de las graves violaciones a los derechos humanos, el régimen se hizo insostenible en su lógica de violencia. Muy pronto los golpistas civiles de antaño –aconsejados por el Departamento de Estado– entendieron que era el momento de abandonar el barco].

Diecisiete años de represión y asesinatos de dirigentes sindicales, militantes políticos, periodistas, estudiantes no pasan en vano. Nunca la fuerza sindical logró recuperar lo que en algún momento la CUT fue durante la Unidad Popular con más del 30% de la fuerza de trabajo. Pero tampoco se logró recuperar el resto de los trabajadores que se encontraban fuera de los movimientos organizados. En el período considerado por Yanes predominan los dirigentes poblacionales, militantes de partidos políticos bajo el cubierto de la Alianza Democrática (1983 disuelta en 1987, origen del Manifiesto Democrático), el MDP (1983, disuelto en 1987); agregándose más tarde la Asamblea de la Civilidad (1986) y su Demanda de Chile –, conjunto de movimientos alternativos a los partidos de la izquierda y centro oficiales. Las escisiones, fracciones, y luchas intestinas estuvieron en esa época a la orden del día, en un clima en el cual la dictadura endureció la represión.

Veinte años más tarde, al inicio de los gobiernos del Duopolio, penaba aún, agravado por la represión de la dictadura, el fracaso de la izquierda oficial para articular al conjunto de los trabajadores en el programa de la Unidad Popular. Esta vez, en una sociedad que la dictadura en 17 años había cambiado económica, social y políticamente.

En su argumentación militante (pp. 77-85) Jaime Yanes se interroga acerca de las condiciones de la lucha armada. Quizás la “no-violencia activa” sería una propuesta más cercana a la realidad de la época, tesis planteada por el autor como una alternativa posible (Cfr. Párrafo “Teoría y práctica de la “no-violencia activa” p. 85 y ss.). Aparte de atentados aislados lo que se confirma, y juega un papel real en la oposición a la dictadura, es la formación de un bloque social de oposición donde la burguesía arruinada se desplaza hacia las posiciones de los explotados. Este contrapoder social frente a la dictadura, explica un proceso progresivo de masificación de la política y del quehacer del pueblo explotado.

Sólo 10 años más tarde del golpe logra organizarse la primera gran concentración de la época en contra de la dictadura (4 de septiembre de 1983). Ciento veinte mil manifestantes acudieron a la avenida General Velásquez respondiendo así a la convocatoria del Proden en Santiago[5]. Concentración a la cual se opuso la Alianza Democrática con amenazas a sus militantes dispuestos a participar en el acto. Nuevas concentraciones masivas se realizaron el 27 de marzo de 1984 y el 1 de Mayo del mismo año, en el Parque O’Higgins, en el día de los trabajadores. Ninguna de estas manifestaciones populares ni las que siguieron tuvieron significación política alguna, cuando la consulta plebiscitaria de 1989, un año después de la consulta por el SI y el NO de 1988, negociada por la Concertación con la dictadura, refrendó la Constitución ilegítima de 1980 y con ello los cerrojos constitucionales y la ley binominal que rige hasta hoy día. Han pasado 30 años desde la primera gran manifestación de General Velásquez y sólo en 2006 salieron con fuerza a la calle los estudiantes, que a partir de ese año dictaron la agenda política de las autoridades de turno. Una vez más, como en los ya lejanos días de 1983, la Concertación volvió las espaldas al movimiento estudiantil.

El trabajo de Jaime Yanes permite leer el claro oscuro del curso seguido por las dirigencias políticas en un cúmulo trascendental de errores y absoluta falta de autocrítica. Resta una tarea fascinante para el lector avezado en resolver el puzzle de las inconsecuencias de la Unidad Popular y de la izquierda oficial que la ahogó con sus querellas inútiles y las enormes dificultades que esta clase política impuso a la organización de los movimientos sociales en las últimas tres décadas. Queda todavía por resolver, frente a la militancia, que desde las raíces buscó rearmar un proyecto – ¿no es este el caso del autor en este aporte por refundar la política? – que con el correr de la dictadura, su actividad se resolvió en sobrevivencia y en lograr acuerdos mínimos, con la misma dirigencia política que con sus inconsecuencias fatales los entregó el día anterior en manos de la dictadura.

¿No está en las últimas palabras de Allende, la clave de un período tronchado de manera brutal por la derecha chilena y la inconsecuencia de sus propios partidarios?
Me dirijo sobre todo, a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros; a la obrera que trabajó más, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los Colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que una sociedad capitalista da a unos pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos... porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proceder: estaban comprometidos. La historia los juzgará”.
En su discurso de despedida en ningún momento el presidente Salvador Allende se refirió a la dirigencia política....
Héctor Vega

28 de octubre de 2013

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