miércoles, 4 de febrero de 2015

Antecedentes de las PentaEmpresas: La historia de la “salida” de la profundización de la crisis de 1983: el salvataje de la banca privada

Santiago, septiembre de 1984

Nota aclaratoria:
Este artículo lo escribí en septiembre de 1984 mientras me encontraba en Santiago y se vivía la profunda crisis financiera que afectaba al país. Por ello está escrito en presente histórico.
Forma parte de mi libro "Chile:recordando el futuro". Lo publico hoy porque es antecedente de lo que sucede con los PentaParlamentarios y las PentaEmpresas, sobre todas las ligadas al Grupo Cruzat.
Para su mejor comprensión debe ser leído el libro completo


Las restricciones del mercado norteamericano al cobre chileno, así como en el pasado reciente al acero mexicano, muestra una tendencia al fortalecimiento del proteccionismo en los países altamente industrializados como una forma de superar la actual crisis que viven.

El líder democratacristiano chileno Radomiro Tomic, ha señalado que “Por lo que toca al “libre comercio internacional, es obvio que Europa occidental, Estados Unidos y Japón, han aprovechado a fondo sus ventajas comparativas para construir la economías más poderosas del mundo. Pero no de un modo tan automático y simple! El secreto del éxito  se ha debido en todos los casos y desde siempre a que Europa, Estados Unidos y Japón han utilizado una doble metodología: la del “libre comercio internacional” como norma general, pero, simultáneamente, el reconocimiento de todas las excepciones específicas en pro del interés nacional en determinadas circunstancias concretas. Así ha sido antes y sigue siendo ahora”. (1)

No ha sido ese el caso de la débil economía chilena. El régimen fascista abrió las fronteras del país a la voracidad del capital transnacional, creyendo que en honor a los principios de las “ventajas comparativas” y del “libre comercio internacional”, los países industrializados harían lo mismo. Por el contrario, la respuesta es el proteccionismo a las grandes empresas capitalistas frente a las exportaciones de los países dependientes, agravando aún más sus limitaciones de baluta para su desarrollo y el pago de amortizaciones e intereses de la deuda externa de la región.


Además de estos problemas que afectan al sector externo de la economía chilena, hay que sumar las posibilidades de una nueva crisis energética derivada de la guerra del Golfo Pérsico. Su no término amenaza con una escasez de crudo y con la permanente alza del dólar. Chile se ve afectado doblemente, porque el país depende en un 60 % de las importaciones de petróleo, y a la vez, el alza del dólar aumenta el volumen real de la deuda externa. El dólar seguirá subiendo. “El bombardeo de tanqueros en el Golfo Pérsico mantendrá el dólar fuerte”. (2)

En esta situación, Chile ha estado negociando con el Fondo Monetario Internacional, (FMI). En 1983, la crisis en el país se manifestó en un saldo negativo de la balanza de pagos de alrededor de 1 500 millones de dólares. La Junta Militar se ve obligada a solicitar a los acreedores la postergación de las amortizaciones y la renegociación del pago de los intereses.

En 1984, la situación de su balanza de pagos no varió sustancialmente y el gobierno firmó nuevos compromisos con el FMI para obtener facilidades de sus acreedores, supeditando a dicho organismo internacional la política económica.

El FMI acepta garantizar nuevos préstamos de sus acreedores a Chile, cuando el régimen se comprometió a mantener una inflación no superior al 20 por ciento, a fijar aranceles a las importaciones hasta un promedio de un 20 por ciento, a no sufrir pérdidas de reservas de divisas en relación al año 1983, a mantener el déficit fiscal entre un 4.57 y un 5. 37 por ciento del PGB, a disminuir los ingresos reales de los trabajadores, a limitar la emisión de circulante a un equivalente aproximado a 1 400 000 de dólares y, asegurar de esta manera, un crecimiento económico del país en sólo un 4 por ciento del PGB con respecto al año anterior. (3)

La subordinación al FMI no sólo ha significado la pérdida de la independencia total del régimen de Pinochet en la elaboración de su política económica, sino que además la pérdida de la soberanía de la nación respecto de los EE UU. El artículo 12.11 del convenio suscrito con dicha entidad señala que “Este acuerdo (…) está regido por y se ha redactado de acuerdo con las leyes del Estado de Nueva Cork, USA…” En otra parte se agrega que “Ni el Banco Central (de Chile) ni ninguna de sus propiedades tiene ninguna inmunidad (soberana o de otra índoles) … con respecto a las obligaciones de este acuerdo…”, y termina señalando que anticipadamente el Banco Central y la República de Chile “renuncian irrevocable e incondicionalmente, en la más amplia forma que sea posible, a cualquier defensa para reclamar de la juridicción de esa corte (de Nueva York) basada en el lugar del domicilio del deudor o garante”. (4)

La crítica situación del sector externo de la economía chilena, también se ha agravado por la permanente fuga de capitales del país. En los años de dictadura fascista se han sacado entre siete y ocho mil millones de dólares, cifra que equivale a un tercio del total de la deuda externa de Chile. (5) En los últimos meses, la cifra ha alcanzado la suma de 1 500 millones de dólares, exactamente la cantidad que el país necesitó para amortizar los intereses del año 1983. Se estima que esta salida de capitales sigue aumentando, debido a que no existen controles y que las tasas de intereses internacionales siguen elevándose. Hoy día, el sector privado chileno exporta capitales, mientras que al mismo tiempo el Estado, con los dineros de todos los chilenos cancela la fuga de divisas como deudas del sector privado a la banca internacional.

La dependencia del país a los dictados del FMI sólo consiguieron deprimir el nivel de vida de los chilenos y aumentar la escasez de recursos internos. El problema central hoy día para cancelar la deuda externa, es un problema que tiene relación no ya tanto con la obtención de nuevos recursos externos, sino más bien con la asignación de los escasos recursos que el país dispone. Hasta hoy día, Chile utiliza casi un 50 % de los recursos obtenidos por sus exportaciones en el servicio de la deuda externa. Ello trae consigo bajo crecimiento, cesantía y pérdida del ingreso real de los trabajadores. (6) Se trata, entonces, de independizarse de las exigencias del FMI, vocero de la banca internacional, y redistribuir los recursos internos de tal manera que el pago de la deuda externa no entrabe el desarrollo económico-social de la nación, asignando a dicho pago cantidades que no superen a un 10 % de las exportaciones nacionales. Pero una decisión política de este tipo, no está en condiciones de tomarla la dictadura, precisamente por la dependencia ideológica, política y económica que tiene de las transnacionales y del gobierno de los Estados Unidos.

En el plano interno de la economía del país, la crisis se manifiesta con la amenaza de un quiebre generalizado del sistema financiero local. El grado de explotación que impuso el capital financiero condujo a la gran mayoría de los deudores a no pagar sus compromisos. “La crisis del endeudamiento interno queda de manifiesto en la absoluta desproporción existente entre la “cartera vencida” (créditos no pagados, nota del autor) de los bancos privados y su capital. Según el balance de los bancos nacionales al 31 de diciembre de 1982, la cartera vencida de los bancos alcanzaba al 35.4 % de su capital. A los pocos meses, y con posterioridad al derrumbe del grupo Vial y del grupo Cruzat-Larraín, en abril de 1983, este porcentaje ya había aumentado al 121.8 %. En los meses posteriores, el deterioro ha sido más agudo”. (7)

En esta situación, la banca privada habría prácticamente quebrado si no hubiese sido por la intervención estatal destinada a salvarlos, abriendo nuevas líneas de crédito para su refinanciamiento. Así lo declaró en julio de 1982 el ex ministro de Hacienda Sergio de la Cuadra: “Ningún Estado por el dogmatismo de un modelo puede dejar quebrar el sistema financiero” (…) “…la función última del Banco Central es ayudar a la Banca Comercial”. (8) A finales del año pasado, los recursos estatales destinados a evitar el desmoronamiento de los bancos de los grandes grupos económicos había superado los 2 000 millones de dólares.

Dicha crisis financiera obligó a que el Estado interviniera el 13 de enero de 1983 los principales bancos e instituciones financieras del país, que al 31 de diciembre de 1981 controlaban el 58.2 % de las colocaciones en moneda corriente. El objetivo de esta medida gubernamental no era sólo salvar la banca nacional, sino garantizar la deuda que a su vez dichas instituciones tenían con el sistema financiero internacional. Esto último fue confirmado en enero de 1983, cuando fue denunciada la existencia de un cable del Banco Central de Chile a los bancos extranjeros acreedores del sistema financiero chileno, en el cual se anunciaba que el Estado velaría porque todas las obligaciones financieras de los bancos intervenidos sean cumplidas a cabalidad, y que se estaba estudiando la forma de transferir toda la deuda externa de los bancos al Banco del Estado. (9)

Pero la intervención de la banca no sólo rebelaba estos objetivos, sino que también mostraba a la luz pública fricciones al interior de la propia capa de la oligarquía “financiero-especulativa” que hasta ese momento hegemonizaba y dirigía al país. Los grupos Cruzat-Larraín y Vial habían coincidido desde 1974 con los principios generales de la política económica del régimen, ligándose a esa política hasta el extremo en que era prácticamente difícil determinar los límites entre los hombres del gobierno y los ejecutivos de dichos grupos. Los funcionarios más influyentes del gobierno eran simultáneamente altos ejecutivos de los conglomerados económicos. Esta situación les entregó la información suficiente para que éstos crecieran desmesuradamente.

Sin embargo, entre estos grupos y el gobierno surgieron diferencias a partir de los inicios de la crisis económica en 1981. El régimen planteaba a los bancos, que frente a esta situación tenían que obligar a los deudores a vender sus activos para de esta manera reducir los pasivos. La reacción del sistema financiero fue, por el contrario, seguir renovando los créditos y capitalizar los intereses, incrementando con ello el nivel de las deudas, que a su vez eran las deudas de sus propias empresas.

Esto trajo consigo el fracaso del llamado “ajuste automático”, instrumento económico fundamental de la libre competencia dentro de la “economía social de mercado”, con el cual el régimen pretendía superar la crisis. El gobierno sostuvo que dicho mecanismo fracasó por la existencia de conglomerados económicos de la envergadura de los de Vial y Cruzt-LArraín, en los cuales radicaba al mismo tiempo la propiedad de los bancos y de sus propios clientes: las empresas. (10)

En el marco antes descrito debe entenderse la decisión política de intervenir la banca y sus innumerables empresas el 13 de enero de 1983, y “liquidar” estos dos grandes conglomerados. Estas supuestas medidas para terminar con las “inmensa especulaciones” con dinero ajeno,(11) fueron expresadas eufemísticamente por el Ministro de Hacienda de la dictadura Modesto Collados, cuando señaló que: “De ahora en adelante, los agentes económicos deberán operar dentro de los principios de la prudencia comercial, limitando su endeudamiento a los niveles que aconseja el curso normal de sus actividades económicas. Actuar de otra manera constituiría una ofensa a la ética comercial (12) En este mismo discurso, el Ministro Collados planteó al país la forma en que el régimen militar solucionaba el problema de la deuda interna privada. Se calcula que dicha deuda alcanza a unos 10 000 millones de dólares.

En general, la solución consiste en mayores plazos para el pago de la deuda y reducción de las tasas de intereses. Esto último equivale a una reducción de siete puntos menos con respecto a la tasa actual de intereses de colocaciones en el mercado que llega a un 12 % real. La diferencia debe absolverla el Estado, transformándose por ello en un verdadero subsidio a los deudores privados internos. (13)


Deuda Interna Privada
            Según datos de El Mercurio del 27 de mayo de 1984 (p. B-1), el llamado sector económico productivo estaba constituido por más o menos 150.000 deudores que conformaban el 20% del total de deudores con una deuda total de $ 921.166.000 que significaba el 88% de la deuda total. Los deudores de consumo eran 531.353 con el 72 % del total de los deudores y una deuda que llegaba a los $ 30.543.000 con sólo un 3% del total de la deuda. Los morosos hipotecarios sumaban 60.679 que alcanzaba a un 8% del total de los deudores y una deuda de $ 97.969.000 con un 9% de la deuda.


Productivos: aquí se incluye a los tres tipos de empresas que poseen los llamados deudores productivos: las sociedades madres, de las cuales son propietarios los grandes magnates en calidad de personas naturales; las empresas “holding” o de “papel” cuyos propietarios son las sociedades madres en su calidad de personas jurídicas, y en general estas empresas “holding” son sólo dueñas de papeles y títulos de propiedad; y las empresas productivas o con “chimeneas” cuyos dueños son las empresas “holding o de papel”. Esta forma en que los grandes grupos enmascaran sus propiedades, puede ser mejor explicada a través de las propiedades del grupo Cruzat-Larraín. Este conglomerado posee alrededor de nueve sociedades madres, setenta empresas “holding o de papel”, las cuales ejercen el control o la propiedad de cerca de treinta empresas productivas o con “chimenea”.De lo anterior es posible concluir que en los llamados “deudores productivos”, las empresas dedicadas sólo a la tenencia de títulos y no a la producción son casi los dos tercios del mencionado grupo. En el caso del conglomerado Vial, la proporción es aún superior para las “empresas de papel”.

            El cuadro muestra con claridad a quién beneficia la reprogramación de la deuda interna privada, y en especial el subsidio enmascarado de rebaja de intereses. Los deudores “productivos”, es decir, los empresarios pequeños, medianos y grandes son sólo el 20 % del total de los deudores y deben el 88 % de la deuda. Pero dentro de los deudores “productivos” se encuentran las empresas de los grupos Vial y Cruzat-LArraín, los cuales deben aproximadamente 200 000 millones de pesos chilenos, es decir, aproximadamente el 22 % de la deuda del sector llamado “productivo”.

            Los deudores de consumo son el 72 % y deben sólo el 3 % de la deuda total. Este sector está compuesto principalmente por capas medias y pequeños propietarios de bajos ingresos e incluso por masas del proletariado. Los deudores hipotecarios constituyen el 8 % y deben el 9 % del total de la deuda, y están constituidos por capas medias de mediano y altos ingresos.

            Es evidente entonces que la reprogramación de la deuda interna beneficia en general al sector “productivo”, pero en especial a las grandes empresas monopólicas. Pero lo más grave aún es, que el subsidio que el Estado entrega en forma de rebaja de intereses a estos grandes monopolios, lo hace sin alterar los acuerdos con el FMI, es decir, lo realiza dentro de los porcentajes asignados al aumento del crédito interno y al déficit fiscal por dicho organismo internacional, cancelando con ello toda posibilidad de entregar mayor empleo y reajustes de sueldos y salarios al pueblo, decisión que fue comunicada recientemente por el mismo Ministro Collados a la opinión pública.

            En el caso de los Bancos, la solución ha sido capitalizar el crédito que el Estado les otorgó para evitar su quiebra. Pero dicha capitalización, por decisión del régimen y de los propios banqueros, no será mayor a un 49 % de las acciones, quedando el resto en manos de los actuales accionistas para evitar que la banca sea estatizada. Pero aún más. Dicha capitalización del 49 % de las acciones por parte del Estado ha sido aceptada por los banqueros con la promesa de que el Estado venda de nuevo al sector privado estas acciones en un plazo de cinco años, y otorgue además los créditos necesarios a los particulares que quieran adquirir dichas acciones.

            De todo lo anterior es posible obtener varias conclusiones. En primer lugar, que el régimen de Pinochet ha demostrado descaradamente el verdadero carácter del Estado fascista: una máquina puesta al servicio del capital financiero.

            En segundo lugar, que con la reprogramación de la deuda interna efectivamente los deudores podrán disponer de plazos y rebajas reales en los intereses para cancelar sus pasivos, transformándose en un alivio para los industriales y las personas. Sin embargo, los especialistas opinan que “sin reactivación”, los nuevos plazos significan un alivio momentáneo que puede transformarse en una bomba de tiempo”. (14) Y los pronósticos son que “… en lugar de reactivación habrá estancamiento. Esto es de suma gravedad porque no se producirá aumento del empleo y porque las empresas que renegociaron sus deudas estarán a corto plazo en la misma situación que antes…” (15)

            Una tercera conclusión es que el régimen militar se decidió a “castigar” a las cabezas más visibles de los que “especularon con dinero ajeno”. La decisión ha sido desplazar a la oligarquía “financiero-especulativa” debido a que con su actitud hizo peligrar toda la política del régimen fascista, desestabilizándolo y aislándolo nacional e internacionalmente.

            En cuarto lugar, el régimen militar intenta reconstruir la unidad de la burguesía y atraer a parte importante de las capas medias y de los pequeños empresarios. Para ello entregó la conducción del gobierno a la oligarquía “financiero-productiva”, bajo cuya dirección se realiza la renegociación de la deuda interna.

            Y una última conclusión es que se va a iniciar un nuevo proceso de reprivatización, parecido al realizado en 1974 con los bancos y empresas estatales. El se hará en una época de recesión y por lo tanto, las empresas y bancos quebrados y liquidados se comprarán a precios de mercado bajísimos. La diferencia con el pasado consistirá que quienes controlan los tres grandes bancos que fueron intervenidos y capitalizados por el Estado recientemente, controlarán el conjunto de las empresas de los grupos Vial y Cruzat-Larraín.

            Pero todas estas medidas señaladas con anterioridad en el plano económico, tienen por destino sólo rectificar los errores de la política económica de la dictadura y los “abusos” de los grandes conglomerados. Un segundo conjunto de medidas están destinadas supuestamente a reactivar la economía, y con ello desarrollar las bases materiales de la nueva hegemonía que se pretende levantar en el país.

            Expresión de lo anterior es el estudio de un llamado Plan Trienal no conocido aún, pero sus objetivos generales han sido recientemente explicitados por el Ministro Collados. Dicho Plan Trienal se plantea en el plano social reducir el desempleo a través de la generación de ocupaciones, principalmente en los diversos sectores de la economía privada; acelerar la actividad de los sectores productivos, utilizando la capacidad ociosa de la industria y aumentando la inversión pública y privada; impulsar el ahorro privado y público; consolidar los activos económicos de los sectores afectados por la recesión, transfiriendo definitivamente al sector privado las empresas e industrias intervenidas; incrementar la capitalización de las empresas productivas, a través de una reforma tributaria y arancelaria; readecuar la acción del Estado con una política fiscal que fomente el crecimiento de la producción y el empleo; y, superar la restricción de recursos externos aumentando las exportaciones y buscando mejores condiciones  en la reprogramación de la deuda externa del país. (16)


















Bibliografía

1.    Revista HOY. Santiago,  23 de mayo de 1984, p. 30
2.    El Mercurio, Santiago, 26 de mayo de 1984, p. A12
3.    Revista Estrategia, Santiago, 1ª de julio de 1984 y El Mercurio del 13 y del 15 de abril de 1984 en su página Economía y Negocios.
4.    Revista HOY, Santiago, agosto de 1983, ps. 12 y ss.
5.    El Mer4curio, Santiago 12 de julio de 1984, p. B1
6.    Revista HOY. Santiago, 30 de mayo de 1984, p. 47
7.    Partido Socialista. Cuadernos de Orientación Socialista Nº 16, 1983, p.48.
8.    Revista HOY. Santiago, 21 de julio de 1982.
9.    Revista Estrategia. Santiago, 24 de enero de 1983.
10. Revista Estrategia. Santiago, 14 de mayo de 1984, ps. 10-11
11. Revista HOY. Santiago, 13 de junio de 1984, p. 39. Expresiones del ex Senador del Partido Nacional y empresario Pedro Ibáñez, quién presidió la Comisión Racionalizadora del grupo Cruzat-Larraín.
12. El Mercurio. Santiago, 1º de junio de 1984, p.C2.
13. Revista Mensaje. Santiago, julio de 1984, p.288
14. Revista Mensaje. Santiago, julio de 1984, p. 288.
15. Revista HOY. Santiago, 13 de junio de 1984, p. 41
16. El Mercurio. Santiago, 18 de julio de 1984, p. C1





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